Dicho proceso avanza mientras crece la polémica sobre los problemas energéticos del país.
Los legisladores argentinos iniciaron una sesión de dos días que culminará con la aprobación del proyecto de ley de expropiación de la petrolera YPF al grupo español Repsol.
El oficialismo prevé repetir la contundente victoria que obtuvo la pasada semana en el Senado y lograr los votos de al menos 200 de los 257 legisladores de la Cámara de Diputados durante la discusión que comenzó este miércoles y que se extenderá hasta mañana jueves.
El proyecto de ley enviado al Congreso por la presidenta, Cristina Fernández, establece la expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol en la petrolera YPF y de la empresa YPF Gas.
El debate coincide con las quejas por los cortes de suministro de gas que sufre la industria argentina en invierno y ha destapado graves conflictos internos en la oposición que, en su mayoría, defiende la expropiación pero no quiere aparecer como cómplice de la gestión del Gobierno.
El mayor conflicto afecta a la Unión Cívica Radical, el principal grupo opositor, que decidió en bloque apoyar la propuesta e intenta evitar que varios de sus legisladores rompan la disciplina de partido y se ausenten del recinto durante la votación.
"¿Por qué en nombre de la coherencia histórica de la Unión Cívica Radical tenemos que votar junto con los que controlaron mal YPF y fueron por lo menos cómplices del vaciamiento?", se preguntó Rafael Pascual, expresidente de la Cámara de Diputados, en declaraciones a medios locales.
Desde el entorno del dirigente Ricardo Alfonsín advirtieron que los legisladores que rompan la disciplina de partido tendrán que asumir las consecuencias.
También para el izquierdista Pino Solanas la propuesta plantea un dilema, aunque su grupo, Proyecto Sur, apoyará la expropiación pese a reconocer que el nuevo interventor de la petrolera, el ministro de Planificación, Julio De Vido, "es el responsable del vaciamiento energético".
Tal como ocurrió en el Senado, el proyecto contará en el Parlamento con el rechazo de la conservadora Propuesta Republicana (PRO) y de varios diputados del peronismo disidente.
Mientras los legisladores se preparan para una sesión maratoniana en el Congreso, el Gobierno ha tenido que salir al paso de las quejas sobre el corte del suministro que ha sacudido a buen número de
empresas en los últimos días, coincidiendo con una intensa ola de frío. Los cortes en el suministro de gas han afectado al menos a 200
empresas y algunas han sufrido un ajuste de hasta el 70 por ciento, según informó el diario económico El Cronista.
El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Antonio Prosanto, salió al paso de las quejas asegurando que las restricciones a las industrias son las "habituales" ante una ola de frío polar para garantizar la demanda residencial.
"Los procesos industriales se mantienen en producción, ya que contemplan estas reducciones, que forman parte del suministro que las industrias contratan como interrumpible a sabiendas de que se restringe ante bajas temperaturas", añadió en un comunicado.
"La situación de Repsol nada tiene que ver con estas restricciones", agregó el funcionario, en alusión a la decisión del grupo español de cancelar la entrega de GNL (gas natural licuado) por barco a Argentina tras la intervención ordenada por el Gobierno y el anuncio de expropiación de YPF.
La industria no ha sido el único sector que ha acusado los problemas energéticos que arrastra Argentina.
La presidenta de la Federación de Combustibles de la República Argentina (Fecra), Rosario Sica, admitió al diario La Nación que el problema de abastecimiento de combustible es "estructural" y "no queda otra salida que importar", una decisión que choca contra la política de restricción de importaciones del Gobierno de Fernández para evitar la salida de dólares.
Los legisladores argentinos iniciaron una sesión de dos días que culminará con la aprobación del proyecto de ley de expropiación de la petrolera YPF al grupo español Repsol.
El oficialismo prevé repetir la contundente victoria que obtuvo la pasada semana en el Senado y lograr los votos de al menos 200 de los 257 legisladores de la Cámara de Diputados durante la discusión que comenzó este miércoles y que se extenderá hasta mañana jueves.
El proyecto de ley enviado al Congreso por la presidenta, Cristina Fernández, establece la expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol en la petrolera YPF y de la empresa YPF Gas.
El debate coincide con las quejas por los cortes de suministro de gas que sufre la industria argentina en invierno y ha destapado graves conflictos internos en la oposición que, en su mayoría, defiende la expropiación pero no quiere aparecer como cómplice de la gestión del Gobierno.
El mayor conflicto afecta a la Unión Cívica Radical, el principal grupo opositor, que decidió en bloque apoyar la propuesta e intenta evitar que varios de sus legisladores rompan la disciplina de partido y se ausenten del recinto durante la votación.
"¿Por qué en nombre de la coherencia histórica de la Unión Cívica Radical tenemos que votar junto con los que controlaron mal YPF y fueron por lo menos cómplices del vaciamiento?", se preguntó Rafael Pascual, expresidente de la Cámara de Diputados, en declaraciones a medios locales.
Desde el entorno del dirigente Ricardo Alfonsín advirtieron que los legisladores que rompan la disciplina de partido tendrán que asumir las consecuencias.
También para el izquierdista Pino Solanas la propuesta plantea un dilema, aunque su grupo, Proyecto Sur, apoyará la expropiación pese a reconocer que el nuevo interventor de la petrolera, el ministro de Planificación, Julio De Vido, "es el responsable del vaciamiento energético".
Tal como ocurrió en el Senado, el proyecto contará en el Parlamento con el rechazo de la conservadora Propuesta Republicana (PRO) y de varios diputados del peronismo disidente.
Mientras los legisladores se preparan para una sesión maratoniana en el Congreso, el Gobierno ha tenido que salir al paso de las quejas sobre el corte del suministro que ha sacudido a buen número de
empresas en los últimos días, coincidiendo con una intensa ola de frío. Los cortes en el suministro de gas han afectado al menos a 200
empresas y algunas han sufrido un ajuste de hasta el 70 por ciento, según informó el diario económico El Cronista.
El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Antonio Prosanto, salió al paso de las quejas asegurando que las restricciones a las industrias son las "habituales" ante una ola de frío polar para garantizar la demanda residencial.
"Los procesos industriales se mantienen en producción, ya que contemplan estas reducciones, que forman parte del suministro que las industrias contratan como interrumpible a sabiendas de que se restringe ante bajas temperaturas", añadió en un comunicado.
"La situación de Repsol nada tiene que ver con estas restricciones", agregó el funcionario, en alusión a la decisión del grupo español de cancelar la entrega de GNL (gas natural licuado) por barco a Argentina tras la intervención ordenada por el Gobierno y el anuncio de expropiación de YPF.
La industria no ha sido el único sector que ha acusado los problemas energéticos que arrastra Argentina.
La presidenta de la Federación de Combustibles de la República Argentina (Fecra), Rosario Sica, admitió al diario La Nación que el problema de abastecimiento de combustible es "estructural" y "no queda otra salida que importar", una decisión que choca contra la política de restricción de importaciones del Gobierno de Fernández para evitar la salida de dólares.
Fuente: Portafolio.co
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